EL DERECHO DE DEFENSA EN LA LEY 906 DE 2004*. SIN UNA ACTIVIDAD DEFENSIVA ACTIVA Y MATERIAL NO HAY DERECHO DE DEFENSA REAL
Resumen
Este artículo es el resultado del trabajo de investigación sobre el derecho a la defensa, cuyos orígenes más remotos habría que buscarlos en la antigüedad, pero cuya consagración como garantía judicial, y posteriormente como derecho humano y derecho fundamental, se retrotrae a la modernidad, con autores como Cesare Beccaria.
Hoy el derecho a la defensa tiene rango constitucional y convencional, con un amplio desarrollo normativo en la ley 906 de 2004 que implementó el código penal de tendencia acusatoria. En la investigación se identifican las instituciones y artículos que materializan este garantía judicial para todos los procesados, no solo como derecho material, sino también como defensa técnico-jurídica garantizada por la presencia durante todo el proceso de un apoderado designado por el procesado, o en caso de no poderlo hacer, por el Sistema Nacional de Defensoría Pública.
El derecho a la defensa se consagra de las investigaciones preliminares -aunque en forma limitada-, y más plenamente a partir de la imputación, estando garantizado en todas las etapas procesales en forma ininterrumpida hasta el recurso extraordinario de casación
Se consolida la investigación con decisiones judiciales de las altas cortes que fortalecen el derecho a la defensa como una garantía que la ley establece en forma obligatoria, y cuya afectación da origen a la nulidad del proceso ante la imposibilidad de su omisión. De todo ello da razón la investigación aquí presentada.
Citas
GÓMEZ SIERRA F. (2011). Constitución Política de Colombia anotada. Grupo Editorial Leyer, Vigésima Novena Edición, Bogotá.
Compilación de Instrumentos Internacionales. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Bogotá, 2003.
CÓDIGO PENAL Y DE PROCEDIMIENTO PENAL (2011). Bogotá: Editorial Legis, Octava edición.
CHINCHILLA HERRERA, T. (1992). ¿Qué son y cuáles son los derechos fundamentales? Bogotá: Editorial Temis.
BECCARIA, C. (1994). De los delitos y las penas”. Barcelona: Editorial Altaya.
ROZO ACUÑA, E. (1968). Introducción al Concepto de Estado Moderno. Antología de textos de Derecho Público. Vol. 2. Universidad Externado de Colombia.
CEPEDA, MJ. (1992). Los Derechos Fundamentales en la Constitución de 1991. Temis – Consejería Presidencial para el Desarrollo de la Constitución, Santafé de Bogotá.
MATYAS CAMARGO, E. (2008). “Los derechos Fundamentales en el Sistema Penal Acusatorio”. Revista Republicana Núm. 4-5, Bogotá.
ROLLE, C., KREBS, R., DUSSAILLANT, J. (1990). La Revolución Francesa en sus documentos. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.
Ley 1142 de 2007. Para la prevención y represión de la actividad delictiva para la convivencia y seguridad ciudadana.
Decreto Núm. 2591 de 1991.
CORTE CONSTITUCIONAL, SU 225 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C 782 del 28 de julio de 2005. M.P. Alfredo Tulio Beltrán Sierra.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia 25920 del 21 de febrero de 2007, M.P. Javier Zapata Ortiz.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia 32.193 DE 2008, M.P. Yesid Ramírez Bastidas.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia 22432 del 19 de octubre de 2006. M.P. Javier Zapata Ortiz.
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-029 del 28 de enero 2009. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
CORTE CONSTITUCIONAL, C- 1260 del 5de diciembre de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
Decreto de Yerros, 2770 de 2004. Diario Oficial Núm. 45658, Bogotá, 1 de septiembre de 2004.
CONSEJO DE ESTADO. Sentencia 1100103240002060011900 del 19 de agosto de de 2010, M.P. María Claudia Rojas Laso.
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-186 del 27 de febrero de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-536 del mayo 28 de 2008, M.P. Jaime Araujo Rentería
